Chile fue uno de los primeros países de Latinoamérica en iniciar la privatización y
la liberalización del sector telecomunicaciones en el contexto de una política general de
desarrollo definida según los principios de una economía de mercado. Las bases de
regulación del sector fueron establecidas a fines de los años 70 y comienzos de los 80,
plasmándose en la ley n˚ 18.1698 llamada Ley General de Telecomunicaciones de 1982.
Con base de esta regulación legal, la privatización de las principales empresas estatales
del sector se llevó a cabo en la segunda mitad de la década de 1980. Así, hacia 1990 no
había ninguna participación del Estado en la propiedad de dichas empresas. Durante la
primera mitad de los años 90 los esfuerzos de la regulación se dirigieron a promover la
competencia en los servicios básicos, donde hasta ese momento era sólo incipiente. En
1994, se logró promulgar una modificación legal que estableció el sistema de competencia
por multiportador para telefonía de larga distancia nacional e internacional. Apartir de
entonces, la competencia se desató en forma intensa, alcanzando también a
otrosservicios, e incluso, a la telefonía urbana, aunque en pequeña medida.
Como una medida necesaria para el momento histórico en que se encontraba el
país y el mundo (considerado lo costoso que en ese momento representaba la inclusión de
las nuevas tecnologías asociadas a las telecomunicaciones) es que la Ley General de
Telecomunicaciones en su Título IV crea el Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, en marzo de 1994,cuya finalidad es promover el aumento de la
cobertura de servicio público telefónico en áreas de bajos ingresos, rurales o urbanas, con
baja densidad telefónica. Posteriormente el 11 de mayo de 2001 se publicó la ley Nº19.724
que modificó el título IV de la ley y creó el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
II.
Este nuevo Fondo además de los objetivos anteriores, permite el desarrollo de
otros proyectos de conectividad, tales como, la creación de Telecentros comunitarios de
Información y proyectos para servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de
radiodifusión locales y cualquier otro proyecto de servicios de telecomunicaciones que
beneficie a la localidad en la cual opere.
El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones fue creado con la finalidad de
promover el aumento de la cobertura de servicios de telecomunicaciones en áreas de
bajos ingresos, rurales o urbanas, y aquellas localidades ubicadas en zonas geográficas
extremas o aisladas.
El FDT representa un compromiso financiero compartido entre el Estado y las
empresas de Telecomunicaciones, las que optan a subsidios a cargo al presupuesto
nacional. Por lo tanto, podemos decir que se trata de una forma de subsidio a la oferta de
.servicios y es justamente ahí donde se centra la mayor crítrica del sistema, puesto que en
estos momentos las grandes empresas asociadas a las telecomunicaciones, obtienen por
parte del Estado recursos que permiten su ingreso en sectores donde inicialmente no
proveerían de sus servicios por costos, especialmente en implementación de redes,
logrando obtener nuevos mercados donde intervenir y ofrecer sus servicios asociados.
Para el año 2008 el gobierno anunció que el Fondo de Desarrollo para las
Telecomunicaciones contará con el presupuesto más alto de su historia para enfrentar la
llamada brecha digital. Según palabras de nuestra Presidenta de la República "…esto
permitirá avanzar en mayor competitividad y desarrollo de la economía, lo que es esencial
para generar más empleo y políticas sociales sustentables en el tiempo…"
En la práctica significa que el Plan de Infraestructura Digital para la Competitividad
y la Innovación aprobado por la Subtel, destinará un presupuesto de US$ 80 millones a
subsidiar la oferta de las empresas proveedoras. Esta suma triplica lo asignado por este
fondo en los últimos 13 años.
Sin embargo creemos que el actual modelo de negocios subsidiario para empresas
justamente crea un ambiente monopólico para ellas todas vez que el Estado no se hace
cargo de las redes creadas y la infraestructura financiada, lo que se suma a la casi nula
legislación que regule la calidad del servicio prestado por las empresas.
Lo que ocurre en la actualidad es que con este sistema se disminuye la “brecha digital” en
sentido que ahora existe acceso a telecomunicaciones en sectores que no existía, pero
hace nacer una nueva “brecha económica” la que se representa por el paradigma que no
se cuenta con la conectividad (a pesar de que las empresas la ofrezcan), debido a los altos
costos cobrados por ellas.
Gran parte de la información acerca de la cultura digital de este país la podemos encontrar en
Tambien se recomienda la lectura de ""Breve Análisis de la Política Tecnológica de Chile"
Por Pedro Huichalaf Roa aquí su versión pdf
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